La última apuesta del presidente Hugo Chávez para frenar la inflación mediante una controvertida ley de precios amenaza con profundizar las distorsiones de la economía venezolana, golpeando la producción e incrementando la dependencia de las costosas importaciones.
El grueso de la empresa privada, acosada desde hace años por una férrea regulación, recela de la flamante Ley de Costos y Precios Justos aprobada por decreto presidencial, que da potestad al gobierno para fijar bandas de precios en un amplio rango de sectores como alimentos, salud y educación.
La ley contempla la intervención, cierre y ocupación de los negocios que incumplan la normativa, en un país donde se han nacionalizado cientos de empresas, desde pequeños abastos a multimillonarios proyectos petroleros.
"Las leyes del mercado no aguantan más, no son leyes. El neoliberalismo es una locura. Hay muchos factores que deben intervenir en el juego económico, entre ellos el Estado", dijo Chávez el miércoles en un acto con empresarios.
El fondo del debate es la óptica diametralmente opuesta con la que gobierno y empresarios interpretan la espiral alcista de los precios y los brotes de escasez: unos culpan a la especulación y el sabotaje capitalista, los otros al entorno económico hiperregulado y centralista.
La nueva norma se sumará a las restricciones cambiarias y al control de precios vigente desde el 2003 y otras muchas normativas que han llegado a desafiar la subsistencia de muchas empresas.
Fuente: América Economía
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